Panamá crece al ritmo más sólido en años; la inflación se mantiene bajo control y el déficit fiscal se corrigió más rápido de lo que casi nadie proyectaba hace doce meses. Los mercados ya lo reconocieron: el spread soberano del país cayó de niveles cercanos a 300 puntos básicos durante la volatilidad de 2024-2025 a apenas 120 puntos básicos hacia agosto de este año. Todos los indicadores que se pueden mover en el corto plazo se movieron en la dirección correcta.
Hay uno que no se mueve tan fácilmente, y es el que define si esta mejora es un punto de inflexión o un respiro cíclico.
Según datos presentados por Moody’s en su evento de Panamá del 8 de septiembre, el pago de intereses de la deuda absorbe actualmente el 17,1 % de los ingresos del Gobierno. La mediana de los países con calificación Baa —el grupo con el que Panamá compite por credibilidad crediticia— destina apenas 9,0 %. La diferencia no es un matiz técnico: significa que, de cada dólar que recauda el fisco panameño, casi el doble se destina a pagar deuda pasada en comparación con sus pares. Ese es dinero que no llega a infraestructura, a educación, a salud ni a ningún otro renglón donde un gobierno decide, en teoría, sus prioridades.
El ‘spread’ soberano de Panamá cayó de casi 300 puntos
básicos durante la volatilidad de 2024-2025
a 120 puntos básicos hacia agosto de 2026.
Es la definición más precisa de lo que los economistas llaman espacio fiscal capturado: un Estado que crece, recauda y hasta corrige su déficit, pero cuya capacidad real de decidir en qué gastar se reduce cada año porque una porción creciente del presupuesto ya está comprometida antes de discutirse.
El déficit fiscal móvil de cuatro trimestres bajó de 6,4 % del PIB en el primer trimestre de 2025 a 3,3 % en el segundo trimestre de 2026, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas recogidas por UBS. La mejora es real y la lectura de mercado —reflejada en el spread soberano— la valida. Pero, conviene mirar de dónde vino: la mayor parte del ajuste llegó por recorte de gasto, cerca de dos puntos porcentuales del PIB, distribuidos entre gasto corriente y de capital. El aumento de ingresos tributarios fue apenas moderado.
Recortar el gasto es la ruta más rápida de ejecutar y también la más difícil de sostener indefinidamente. En algún punto, ese ajuste empieza a competir con la inversión pública que el propio crecimiento del 5 % proyectado para 2026 necesitará para no perder tracción. La deuda del Gobierno general, según metodología de Moody’s, se proyecta en 66,8 % del PIB para este año —todavía por encima del 59,9 % de la mediana Baa— y ahí es donde el argumento se vuelve circular: para bajar esa deuda hace falta más ajuste fiscal, y ese ajuste fiscal es cada vez más difícil de lograr solo con recortes.
Las reclamaciones legales asociadas a Cobre Panamá representan hasta el 20 % del PIB en riesgo potencial, frente a un aporte fiscal previo de apenas 0,3 %-0,4 % del PIB en regalías.
A esa ecuación se suma un factor que ningún ministerio controla del todo. Cobre Panamá aparece en el análisis de Moody’s como una “variable X” precisamente porque su resolución puede mover el balance fiscal en direcciones opuestas y de magnitud muy distinta. Antes de su cierre, la mina aportaba entre 0,3 % y 0,4 % del PIB en regalías al fisco. Las disputas legales asociadas representan hoy reclamaciones potenciales cercanas al 20 % del PIB.
Ese rango no debería leerse sólo como una cifra de riesgo fiscal. Es, sobre todo, una señal sobre cómo el mercado internacional de inversión evalúa la certidumbre jurídica en Panamá. Un acuerdo que reactive un flujo de ingresos cuasi-permanente mejoraría no sólo las cuentas públicas, sino la lectura de riesgo-país en su sentido más amplio. Una resolución adversa o una prolongación indefinida del conflicto tendría el efecto inverso y probablemente más duradero que cualquier corrección de gasto.
La variable que nadie controla del todo
Moody’s mantiene a Panamá en Baa3 con perspectiva negativa y ha sido explícita sobre qué necesita ver para revisarla: una reducción sostenida del déficit —no un ajuste puntual— y medidas estructurales que fortalezcan la credibilidad de la política fiscal más allá del ciclo de gasto. La evaluación será particularmente relevante hacia noviembre, y tanto la ejecución fiscal de los próximos meses como el desenlace de Cobre Panamá pesarán en esa decisión.
Panamá no está frente a una crisis. Está frente a una prueba de si puede convertir una corrección cíclica en una reforma estructural, en un contexto donde su margen de maniobra fiscal se reduce año tras año simplemente por el costo de sostener lo que ya debe. La pregunta que queda abierta hacia fin de año no es si el país mejoró en 2026 —lo hizo— sino si esa mejora puede sobrevivir al momento en que el gasto público, y no solo el discurso fiscal, tenga que asumir el costo real de la disciplina.
Fotos Pexels
