Este año escolar, los alumnos suecos de primaria y secundaria inferior empezaron las clases sin teléfono. La prohibición, impulsada por la ministra de Educación Simona Mohamsson, rige durante las clases, los recreos y las actividades extraescolares. El Gobierno, preocupado por el retroceso en la comprensión lectora, destinó además 555 millones de coronas a libros de texto. La pantalla, que durante años fue símbolo de modernidad educativa, empezó a retroceder en las aulas suecas.
Australia recorrió antes ese camino. En Nueva Gales del Sur, su estado más poblado, los celulares salieron de las escuelas públicas a finales de 2023. Un año después, el departamento de Educación encuestó a casi 1.000 directores: el 87 % reportó menos distracción en clase, el 81 % mejoras en el aprendizaje y el 86 % una mejor socialización entre estudiantes. El país fue más lejos el 10 de diciembre de 2025, cuando entró en vigor la edad mínima de 16 años para usar redes sociales. Según la Comisionada de Seguridad Electrónica (eSafety), en las primeras semanas las principales plataformas retiraron el acceso a cerca de 4,7 millones de cuentas.
La tendencia ya es global. Según el monitoreo de la Unesco, en marzo de 2026 un total de 114 sistemas educativos, el 58 % de los países, prohibía o restringía por ley el uso de celulares en las escuelas. A mediados de 2023 era apenas uno de cada cuatro. América Latina se mueve en la misma dirección. Chile aplica su restricción desde marzo; Costa Rica y Bolivia se sumaron recientemente, y Brasil puso en vigor el ECA Digital, que impone obligaciones directas a las plataformas en la protección de menores.

El 48 % de los adolescentes cree que las redes dañan a los jóvenes de su edad. Solo 14 % piensa que lo dañan a él.
Las restricciones admiten matices. La ley chilena, que modifica la Ley General de Educación, prohíbe los dispositivos sin excepciones en la educación parvularia, los limita en la básica a casos definidos y permite que los colegios de educación media autoricen espacios u horarios específicos. Las excepciones contemplan el uso pedagógico planificado, el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales, el monitoreo de condiciones de salud y las emergencias. La norma alcanza también a relojes inteligentes y tabletas personales.
Panamá también tiene expedientes abiertos. El anteproyecto 224, elaborado por el abogado y especialista en educación Virgilio Sousa, exdirector de Asesoría Legal del Meduca, obtuvo apoyo unánime en comisión en octubre de 2025. “Lo que buscamos no es prohibir, sino restringir y regular”, explicó Sousa a La Estrella de Panamá. La propuesta permite el uso con autorización del docente para fines académicos, contempla excepciones por seguridad o discapacidad, fortalece el rol de los orientadores y alienta el regreso del libro como herramienta central del aprendizaje.
En paralelo, la Asamblea Nacional revisa el proyecto de ley 426, presentado por estudiantes de la Universidad Santa María La Antigua, que plantea fijar en 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales, con verificación de identidad, consentimiento parental verificable y controles parentales obligatorios. Incorpora además el principio de seguridad por defecto, que obliga a las plataformas a ofrecer la configuración más protectora como punto de partida, y un periodo de transición de doce meses. Ambas iniciativas siguen en trámite.

Un padre que cena con el teléfono sobre la mesa tiene poca autoridad para exigir lo contrario. El ejemplo de los adultos pesa más que cualquier configuración.
El giro resulta notable si se mira la década anterior. Durante años, la consigna en ministerios y colegios fue llevar más pantallas al aula, con la idea de que la tecnología era sinónimo de modernidad educativa. La corrección actual responde a preocupaciones concretas: la atención, la lectura, el sueño, la convivencia, el ciberacoso. La pregunta cambió de forma. Ya nadie discute si los adolescentes deben usar tecnología. Se discute cuándo, cuánto y bajo qué reglas.
La escuela, sin embargo, cubre apenas una parte del día. Las leyes tardan en aprobarse y más aún en aplicarse. Y la verificación de edad sigue siendo un problema técnico sin solución definitiva en ninguna parte del mundo. Entre la salida del colegio y la mañana siguiente queda un territorio amplio, el de la casa, donde las decisiones recaen sobre madres, padres y tutores que muchas veces conocen menos las plataformas que sus propios hijos.
Ese territorio pesa más de lo que parece. En la encuesta de Pew Research Center publicada en abril de 2025, el 48 % de los adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años dijo que las redes sociales tienen un efecto mayormente negativo en las personas de su edad. Solo el 14 % dijo lo mismo sobre sí mismo. El 45 % admitió que le quitan horas de sueño y el 40 % que afectan su productividad.
Los jóvenes reconocen el riesgo, casi siempre en los demás. Esa distancia explica por qué la autorregulación rinde poco y por qué el acompañamiento adulto resulta decisivo. Un adolescente difícilmente pondrá límites a un problema que considera ajeno.

La frontera de la casa
Las plataformas han empezado a ocupar parte de ese espacio con herramientas de supervisión familiar. Un ejemplo reciente llegó a Panamá en días pasados: la Guía de TikTok para Madres, Padres y Tutores, desarrollada junto con el International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) y la organización Super Mamás LATAM. El documento, de descarga gratuita, explica cómo configurar la privacidad de una cuenta adolescente y cómo vincularla con la de un adulto para gestionar tiempos de uso, notificaciones y contenidos. Otras redes ofrecen funciones similares de supervisión.
Más allá de cada aplicación, varias de las recomendaciones de este tipo de guías sirven para cualquier familia. La primera es conocer el terreno. La guía sugiere a los adultos crear su propia cuenta y explorar la plataforma desde adentro. La recomendación parece obvia y rara vez se cumple: muchos padres opinan sobre redes que nunca han usado, y es difícil acompañar lo que no se entiende.
La segunda tiene que ver con la frontera entre cuidar y vigilar, una tensión que cualquier familia con adolescentes conoce. La supervisión impuesta sin explicación puede producir el efecto contrario al buscado y empujar el uso hacia lo que el adulto no ve. La que se explica y se acuerda tiene más posibilidades de sostenerse. Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas de TikTok para Hispanoamérica, lo resumió como “una actitud de acompañamiento más que de vigilancia”.
La tercera son los acuerdos familiares. Cuándo, dónde, cuánto y con qué propósito se usa el celular en casa. Las reglas negociadas tienen más legitimidad que las impuestas y obligan a los adultos a revisar sus propios hábitos. Un padre que cena con el teléfono sobre la mesa tiene poca autoridad para exigir lo contrario. El ejemplo que dan los adultos suele pesar más que cualquier configuración.
La cuarta es la confianza y es la que más importa cuando las cosas salen mal. Frente al ciberacoso, el grooming o la exposición de información personal, las plataformas ofrecen opciones de bloqueo y denuncia. La primera línea de respuesta, de todos modos, sigue siendo humana: que el adolescente sienta que puede acudir a un adulto sin miedo a perder el teléfono o a recibir un sermón. Esa disposición se construye mucho antes de que ocurra el problema.

Pilar Ramírez, vicepresidenta de Construcción de Capacidades Nacionales de ICMEC, lo planteó así durante el lanzamiento en Panamá: “Proteger a niñas, niños y adolescentes en línea no significa alejarlos de la tecnología, sino prepararlos para utilizarla de manera segura y responsable”. La frase dialoga con el momento que viven las escuelas. Restringir el celular en el aula y enseñar a usarlo fuera de ella forman parte de un mismo esfuerzo formativo.
En Panamá, varias instituciones públicas y organizaciones civiles empiezan a trabajar en esa dirección. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) capacitó a más de 35 de sus funcionarios en herramientas de seguridad digital para que formen a su vez a docentes y cuidadores. El Ministerio de Desarrollo Social impulsa una campaña de hábitos saludables en salud mental que incluye recursos de ayuda en entornos digitales. Organizaciones como la Fundación Ni Uno Más y Calicanto participan en la difusión de materiales para familias.
El desafío es llegar más allá de los hogares que ya están preocupados por el tema. Una guía descargable sirve a quien la busca. Las familias con menos tiempo, menos acceso o menos familiaridad con la tecnología necesitan otros canales: la escuela, el centro de salud, la organización comunitaria. Allí la articulación entre Estado, sociedad civil y sector privado deja de ser una declaración y se vuelve una cuestión de logística. Las capacitaciones regionales previstas, con distribución de materiales impresos, apuntan en esa dirección.
La experiencia internacional sugiere que ninguna medida aislada alcanza. Las prohibiciones escolares mejoran el clima del aula y dejan intacto el resto del día. Las leyes de edad mínima dependen de sistemas de verificación todavía imperfectos. Las herramientas de supervisión funcionan cuando alguien las activa. La educación familiar requiere tiempo y constancia. Cada respuesta cubre un tramo distinto del problema.
Durante años, la discusión sobre adolescentes y pantallas osciló entre la alarma y la resignación, con cada actor señalando al siguiente. La idea de responsabilidad compartida propone que cada uno asuma la parte que le corresponde. A las plataformas les toca diseñar entornos seguros. A las escuelas, formar criterio. Al Estado, fijar reglas y hacerlas cumplir. A las familias, quizá la tarea más difícil de todas: sentarse a conversar.
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