Cuando se habla de seguridad ciudadana, la atención suele concentrarse en las estadísticas delictivas, las detenciones y las estrategias para combatir la criminalidad. Menos espacio ocupa una pregunta fundamental: ¿por qué una persona llega a delinquir?, ¿qué sucede cuando una persona termina de cumplir su condena y debe regresar a una sociedad que no siempre está preparada para recibirla? Conseguir empleo, reconstruir vínculos familiares y recuperar la confianza pueden convertirse en obstáculos difíciles de superar. Es precisamente en ese escenario donde trabaja la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, una organización panameña que durante 18 años ha desarrollado iniciativas orientadas a prevenir la violencia y ofrecer alternativas a quienes buscan reconstruir sus vidas.
Su historia comenzó en 2008, cuando el empresario Ricardo Ricky Tribaldos manifestó su preocupación por el crecimiento de la violencia en Panamá y la posibilidad de que el país enfrentara fenómenos similares que afectaban a otras naciones centroamericanas. La expansión de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras evidenciaba las consecuencias de problemas sociales acumulados durante décadas. Ante ese panorama, Tribaldos convocó a empresarios, líderes comunitarios y representantes de las iglesias católica y evangélica para reflexionar sobre las causas de la delincuencia y explorar alternativas de prevención. Aquellos primeros encuentros dieron origen a una iniciativa que evolucionaría hacia un modelo de intervención centrado en la resocialización y la reinserción laboral.
Entre quienes se vincularon a ese esfuerzo se encontraba Rafael Zevallos, actual director general de la fundación, cuyo acercamiento estuvo marcado por una experiencia personal: la muerte de una amiga a manos de un joven relacionado con una pandilla. Aquel episodio despertó su interés por comprender las circunstancias que podrían conducir a una persona a involucrarse en actividades violentas y, especialmente, por encontrar maneras de evitar que otras familias atravesaran situaciones semejantes. Su participación en la organización lo acercó a realidades caracterizadas por hogares fragmentados, jóvenes expuestos desde temprana edad a entornos violentos y comunidades con limitadas oportunidades de desarrollo. Esa experiencia contribuyó a consolidar una visión de la seguridad que no se limita a combatir las consecuencias del delito, sino que también busca comprender sus causas.

“Lo primero que tienes que entender para comprender la enfermedad es el diagnóstico”, sostiene Zevallos. La reflexión resume una filosofía que ha marcado la evolución de la fundación: comprender las circunstancias sociales y familiares que pueden favorecer determinadas trayectorias de violencia antes de diseñar soluciones. El abandono escolar, la ausencia de redes de apoyo, los conflictos familiares y la falta de alternativas económicas son factores que requieren respuestas coordinadas. Ese entendimiento no fue inmediato. Los primeros años estuvieron caracterizados por un proceso de aprendizaje, ajustes y experiencias que permitieron identificar estrategias con mayores posibilidades de generar resultados sostenibles. La prevención continuó siendo parte de su misión, mientras la reinserción social y laboral adquiría un papel cada vez más relevante.
La experiencia también permitió identificar una realidad frecuentemente ignorada: las consecuencias de la exclusión pueden prolongarse después de que una persona haya cumplido su condena. Recuperar la libertad no garantiza encontrar condiciones favorables para comenzar de nuevo. Para el director de la fundación “cerca del 70 % de las personas que recuperan la libertad vuelve a reincidir”. Los antecedentes penales, el rechazo de posibles empleadores, las dificultades económicas y el deterioro de las relaciones familiares pueden convertirse en barreras difíciles de superar. Para quienes tienen hijos u otras personas a su cargo, la necesidad de generar ingresos es inmediata. La fundación comprendió que esa transición representaba una etapa decisiva y que la preparación para regresar a la sociedad debía comenzar, cuando fuera posible, incluso antes de abandonar el sistema penitenciario.
Un modelo que trasciende el empleo
De ese proceso de aprendizaje surgió Oportunia, uno de los principales programas de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, diseñado para facilitar la reinserción social y laboral mediante la evaluación individual, acompañamiento profesional, capacitación y vinculación con empresas. Su metodología reconoce que cada participante tiene una historia diferente y necesidades particulares. La organización cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, sociólogos, terapeutas y criminólogos, encargado de identificar capacidades, comportamientos, factores de riesgo y fortalezas personales. El propósito es desarrollar herramientas que permitan enfrentar con mayores posibilidades de éxito las exigencias de la reincorporación a la sociedad, desde una perspectiva que contempla tanto el desarrollo individual como las relaciones con el entorno.

Más de 1.800 personas han accedido a oportunidades laborales mediante la fundación, que promueve una visión de seguridad donde la prevención, la inclusión y la responsabilidad compartida son fundamentales para Panamá.
Los participantes llegan a la fundación mediante referencias del Órgano Judicial, fiscalías, autoridades penitenciarias, organismos policiales y líderes comunitarios, así como de familiares y representantes religiosos. Esta diversidad refleja la complejidad de una problemática que no se limita a quienes han estado privados de libertad, sino que incluye a personas expuestas a condiciones de vulnerabilidad. Uno de los componentes más relevantes del modelo es su presencia dentro de los centros penitenciarios. Con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la fundación ha extendido espacios de evaluación y acompañamiento psicológico a instalaciones destinadas a población masculina y femenina, incluyendo Tinajitas. Estas intervenciones permiten comenzar la preparación antes de la liberación y fortalecer capacidades necesarias para la posterior adaptación social.
Sin embargo, uno de los aprendizajes más importantes estuvo relacionado con una dificultad que inicialmente no ocupaba el centro de sus estrategias: conseguir empleo no necesariamente significaba conservarlo. Algunos participantes lograban incorporarse a las empresas, pero encontraban obstáculos para adaptarse a las dinámicas laborales. Las dificultades no siempre estaban vinculadas con sus conocimientos técnicos, sino con la comunicación, el manejo de conflictos y el cumplimiento de normas. Para personas acostumbradas a desenvolverse en ambientes de desconfianza o confrontación, esa transición podría representar un desafío considerable. La experiencia llevó a fortalecer la formación en habilidades blandas, reconociendo que aprender a convivir también constituye una parte esencial del proceso de resocialización.

Manejar la frustración, aceptar instrucciones, trabajar en equipo y resolver diferencias sin recurrir a la agresión son aprendizajes que requieren tiempo y acompañamiento. “Incluso la administración de sus propios recursos es un tema sumamente importante para el proceso”, sentenció
Zevallos. La fundación incorporó estas competencias a sus programas y comenzó a prestar especial atención a la permanencia laboral. Alcanzar seis meses de continuidad en un puesto representa un avance significativo, porque permite observar no solamente el acceso a una oportunidad, sino también la capacidad de asumir responsabilidades y sostener nuevos hábitos. Aunque ese período no garantiza una reinserción definitiva, constituye una señal de adaptación en un proceso donde la estabilidad se construye progresivamente.
En esto, el sector empresarial desempeña un papel fundamental. Los antecedentes penales y los prejuicios sociales pueden limitar considerablemente las posibilidades de contratación, incluso cuando una persona ha completado procesos de capacitación y demuestra disposición para cambiar. Frente a este escenario, la fundación ha desarrollado alianzas con compañías dispuestas a ofrecer oportunidades laborales. Entre las empresas mencionadas en sus iniciativas figuran Terpel, Bahía Motors y Recicladora Nacional de Panamá. Este modelo propone una visión de la responsabilidad social empresarial que trasciende las donaciones económicas para convertirse en una herramienta de inclusión productiva, donde las compañías, los participantes y la organización comparten compromisos.
La dimensión económica resulta particularmente importante cuando se considera que muchos beneficiarios tienen responsabilidades familiares. Un empleo formal puede representar la posibilidad de sostener un hogar, responder por los hijos y recuperar autonomía. La frustración de no poder cumplir esas obligaciones puede profundizar situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando las oportunidades laborales son escasas. Aunque la falta de empleo no conduce inevitablemente a la delincuencia, la ausencia de ingresos estables puede agravar las condiciones de exclusión. De allí que la inserción laboral constituya una herramienta importante para generar alternativas sostenibles y reducir los obstáculos que enfrentan quienes intentan comenzar nuevamente.

La Fundación Jesús Luz de Oportunidades ha convertido la reinserción social en una misión que combina acompañamiento psicológico, formación y empleo para transformar vidas y abrir caminos hacia un futuro diferente.
A lo largo de su trayectoria, la fundación ha logrado reinsertar a más de 1.800 personas. Entre sus indicadores institucionales también señala que el 91 % de sus beneficiarios se mantiene alejado del delito y que el 39 % se encuentra trabajando actualmente. Conseguir empleo, conservarlo y evitar la reincidencia son indicadores diferentes que permiten evaluar distintas dimensiones del proceso. La experiencia de la organización demuestra la importancia de mantener el acompañamiento y fortalecer los mecanismos de evaluación para conocer los resultados a largo plazo.
La disponibilidad de recursos continúa siendo uno de los principales desafíos para ampliar su cobertura. La atención requiere profesionales especializados, infraestructura y procesos de seguimiento que demandan financiamiento sostenido. Paralelamente, la fundación ha desarrollado relaciones de colaboración con el Ministerio de Gobierno, autoridades penitenciarias, el Órgano Judicial y otras entidades vinculadas con la resocialización. Estas alianzas permiten articular esfuerzos, aunque la continuidad de los programas depende de la participación de diferentes actores. La experiencia también plantea una reflexión sobre las políticas de seguridad: las acciones policiales y judiciales son indispensables frente al delito, pero necesitan complementarse con estrategias que atiendan sus factores sociales y faciliten oportunidades de reinserción.
Dieciocho años después de su creación, la Fundación Jesús Luz de Oportunidades representa una experiencia de participación de la sociedad civil frente a uno de los desafíos más complejos del país. Su evolución, desde las primeras reuniones convocadas para reflexionar sobre la violencia, hasta la consolidación de programas especializados, refleja un proceso de aprendizaje continuo. El verdadero alcance de una segunda oportunidad no se define únicamente cuando alguien consigue trabajo, sino cuando logra mantenerlo, asumir responsabilidades y construir una vida diferente. Su trayectoria demuestra que la reinserción requiere compromiso individual, acompañamiento profesional y una sociedad dispuesta a abrir espacios. Porque construir un Panamá más seguro también implica ofrecer caminos reales a quienes están decididos a reescribir su historia.
Fotos Aris Martínez / Cortesía



