El petróleo vuelve a subir y, con él, reaparece una tensión estructural que América Latina no ha conseguido resolver. A lo largo de los últimos años, el precio del barril —referencia Brent— se ha movido en un rango alto, generalmente entre los US$80 y US$100, impulsado por factores geopolíticos, ajustes de producción mundial y una demanda que, pese a la desaceleración económica, se mantiene sólida.
Para una región que combina exportadores relevantes con economías altamente dependientes de la importación de combustibles, el impacto no es uniforme, pero sí inevitable.
La lectura inicial suele ser optimista: los países productores ganan. Brasil exporta alrededor de 3,4 millones de barriles diarios, México cerca de 1,8 millones y Colombia en torno a los 750.000 barriles diarios. En estos casos, cada incremento de US$10 en el precio del barril puede representar miles de millones de dólares adicionales en ingresos externos y fiscales. En economías como la colombiana, ese movimiento puede equivaler a cerca de 1% del PIB en ingresos adicionales.
Sin embargo, esa ventaja es engañosa. En países donde el petróleo representa entre el 30 % y el 50 % de las exportaciones, como Colombia o Ecuador, el alza no transforma la economía, sino que la vuelve más dependiente. Fortalece la moneda, reduce la competitividad de otros sectores y posterga decisiones estructurales. Es un alivio inmediato, pero también un refuerzo del problema de fondo.
El contraste es más evidente en los países importadores. Chile depende en casi un 98 % del petróleo importado, mientras que varias economías de Centroamérica superan el 80 % de dependencia externa en combustibles. En estos casos, el impacto es directo y transversal: aumento en los costos de transporte, presión sobre los precios de alimentos y encarecimiento generalizado de la economía.
El petróleo, en este sentido, no es solo un insumo energético; es un multiplicador de precios. Un aumento sostenido puede añadir entre 0,5 y 1,5 puntos porcentuales a la inflación anual, dependiendo de la estructura económica de cada país.
Ese efecto se vuelve más complejo en un contexto donde la región ha mantenido tasas de interés elevadas para contener presiones inflacionarias. En varias economías latinoamericanas, las tasas han superado el 10 % en los últimos años, limitando el acceso al crédito y enfriando el consumo. El petróleo caro introduce una nueva presión que retrasa cualquier normalización monetaria, prolongando un entorno de crecimiento moderado —entre 1,5% y 2,5% anual— y baja tracción económica.
Frente a este escenario, los gobiernos enfrentan un dilema recurrente. Para amortiguar el impacto social del encarecimiento de los combustibles, muchos han recurrido a subsidios. Estos mecanismos pueden representar entre el 1 % y el 3 % del PIB, dependiendo del país y del nivel de intervención. En Colombia, por ejemplo, el déficit acumulado del fondo de estabilización de precios llegó a superar los US$7.000 millones en su punto más alto.
El problema es que estos subsidios son fiscalmente insostenibles en el largo plazo. Pero eliminarlos tampoco es sencillo. El aumento del precio de los combustibles ha sido históricamente un detonante de protestas en la región, obligando a los gobiernos a implementar soluciones intermedias: ajustes graduales, subsidios focalizados o esquemas temporales que alivian la presión sin resolver el problema estructural.
¿Movilidad eléctrica?
En paralelo, el alza del petróleo ha reactivado el debate sobre la transición energética. En todo el mundo, las ventas de vehículos eléctricos han superado los 14 millones de unidades anuales, lo que representa cerca del 18 % de las ventas de autos nuevos. En mercados desarrollados, el encarecimiento de los combustibles ha acelerado la adopción de estas tecnologías, incluso en segmentos como el de vehículos usados.
Pero América Latina se mueve a otro ritmo. En la mayoría de los países, los vehículos eléctricos representan menos del 2 % del parque automotor, y rara vez superan el 5 % de las ventas nuevas. La infraestructura de carga es limitada y el costo de acceso sigue siendo una barrera significativa.
Esto evidencia una contradicción central. El petróleo caro debería acelerar la transición energética, pero la capacidad de respuesta de la región es limitada. Lo que sí está ocurriendo es un cambio en la agenda: gobiernos y empresas comienzan a revisar sus políticas energéticas, buscando mayor diversificación y eficiencia. Sin embargo, estos procesos son graduales y dependen de inversiones sostenidas que no siempre están aseguradas.
A esto se suma un factor estructural que condiciona toda la ecuación: América Latina no controla el precio del petróleo. Aunque países como Brasil tienen un peso relevante en la producción global, las decisiones clave se toman fuera de la región. La OPEP controla cerca del 40 % de la oferta mundial, y eventos geopolíticos pueden generar variaciones de US$10 o US$15 por barril en cuestión de semanas.
Esto deja a la región en una posición esencialmente reactiva. Puede beneficiarse de los ciclos alcistas o sufrir los bajistas, pero no tiene capacidad para estabilizar el mercado ni anticipar sus movimientos con precisión. La volatilidad, por tanto, es una condición estructural.
La experiencia histórica es clara. Durante el superciclo de commodities de las últimas décadas, América Latina recibió ingresos extraordinarios impulsados por altos precios. Sin embargo, en muchos casos, esos recursos no se tradujeron en transformaciones estructurales profundas. Cuando los precios cayeron, las economías volvieron a enfrentar las mismas fragilidades.
Hoy, el contexto internacional es distinto, pero el riesgo es similar. El petróleo caro puede generar alivios temporales, pero también puede reforzar la inercia. La oportunidad está en utilizar esos ingresos para diversificar la economía, invertir en infraestructura y avanzar en la transición energética. El problema es que esa oportunidad, una y otra vez, se posterga.
El desafío para América Latina no es adaptarse a un petróleo en torno a US$80, US$90 o US$100 por barril. Es dejar de depender de él. Porque más allá de sus fluctuaciones, el precio del crudo no define el futuro de la región, pero sí revela, con precisión incómoda, sus límites.
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