Si hay algo que no le pueden echar al ingeniero Alejandro Ferrer, presidente de Capac, son cuentos. Su formación comenzó mucho antes de su educación formal, observando desde niño el desarrollo de proyectos en la empresa fundada por su padre, Ingeniería Lambda. Esa experiencia temprana lo llevó a especializarse en ingeniería civil y, posteriormente, a integrarse a la compañía en 1999, donde inició un ascenso progresivo a través de distintas áreas clave, desde presupuestos y supervisión de obras hasta la dirección administrativa. Su enfoque holístico del negocio le ha permitido no solo ejecutar proyectos con precisión, sino también comprender los desafíos estructurales y financieros que enfrenta el sector.
A lo largo de su carrera, Ferrer ha consolidado su perfil como un líder con un profundo conocimiento técnico y una clara orientación gerencial. Su especialización en ingeniería gerencial le permitió fortalecer la capacidad operativa y financiera de la empresa, garantizando un equilibrio entre la ejecución de proyectos y una administración eficiente de recursos. Convencido de que la sostenibilidad de una constructora depende tanto de su rigor técnico como de su capacidad de gestión, ha impulsado estrategias que optimizan costos, garantizan la viabilidad de las obras y aseguran la competitividad en un entorno cada vez más exigente.
“Un proyecto de construcción puede ser disruptivo e incómodo mientras está en marcha, pero una vez terminado, transforma un sector, dinamiza la economía y mejora la calidad de vida de la comunidad».
Con su visión y liderazgo está desempeñando un rol clave por segundo período en la presidencia de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), donde junto a todo el equipo defienden al sector, trabajando activamente en la promoción de políticas públicas que impulsan el crecimiento de la industria, fomentando la estabilidad laboral y la transparencia en los procesos de contratación, buscando sobre todo: diálogo y consenso para hallar las soluciones necesarias para levantar una industria que está aletargada.
Un crisis que viene de mucho antes del COVID
La crisis del sector de la construcción en Panamá no fue un evento repentino, sino el resultado de un largo proceso de auge y caída. Durante más de una década, la industria vivió un crecimiento vertiginoso, impulsado por el “boom inmobiliario”, la llegada de inversión extranjera y la ejecución de megaproyectos de infraestructura. Pero, como toda expansión acelerada, la bonanza tuvo un límite. Y cuando ese límite llegó, la caída fue inevitable.
“Para entender dónde realmente comenzó la crisis, hay que remontarse a los años dorados de la construcción en Panamá, una época en la que la ciudad crecía a una velocidad inédita. Entre 2005 y 2015, el país se convirtió en un imán para inversionistas extranjeros, atraídos por un mercado inmobiliario en plena efervescencia. Edificios residenciales y comerciales surgían a una velocidad sorprendente, y la demanda parecía infinita. Panamá dejó de ser solo un centro financiero y logístico para convertirse en un destino atractivo para compradores de lujo y empresarios que veían al país como un refugio de estabilidad en la región. El dinero fluía sin restricciones, el crédito era accesible y cualquier proyecto que se lanzara tenía compradores antes de colocarse la primera piedra”.
Pero no era solo el mercado inmobiliario el que impulsaba la construcción. En paralelo, el país emprendió la monumental ampliación del Canal de Panamá, un proyecto de más de $5,000 millones que generó miles de empleos y atrajo profesionales de todas partes del mundo. Esta obra, junto con la construcción de las primeras líneas del Metro y grandes proyectos viales, reforzó la sensación de que Panamá estaba viviendo un crecimiento sin precedentes. Era un momento en el que parecía que la expansión no tenía límites.
Sin embargo, esa burbuja comenzó a mostrar fisuras. La inauguración de la ampliación del Canal en 2016 marcó el principio del fin de este ciclo de crecimiento. Con la culminación de las grandes obras de infraestructura y la salida de los trabajadores extranjeros que impulsaban el mercado inmobiliario, el sector comenzó a desacelerarse. Al mismo tiempo, la inversión extranjera empezó a disminuir, especialmente con la crisis venezolana, que cerró uno de los flujos de capital más importantes que había alimentado la compra de propiedades en Panamá.
“No podemos seguir viviendo de quinquenio en quinquenio. Nos falta una visión más a largo plazo. Cada presidente tiene su propia idea de lo que deben ser los proyectos y hace lo suyo, y después viene otro y cambia el rumbo. Así es imposible construir estabilidad. La construcción en Panamá ha bajado drásticamente, y eso tiene un impacto directo en el empleo y la economía”.
“Pero lo que terminó de sellar la crisis fue la falta de planificación. Durante los años de bonanza, no se estableció una estrategia clara para mantener el crecimiento de manera sostenible. Muchos proyectos quedaron en el aire, y algunas de las grandes promesas de infraestructura, como el cuarto puente sobre el Canal o la expansión del Metro, quedaron estancadas por falta de financiamiento. La industria se encontró con un Estado endeudado y con menos capacidad para impulsar nuevas obras”.
Y cuando la situación ya parecía complicada, llegó el golpe definitivo: la pandemia del COVID-19. En 2020, Panamá tomó la decisión de paralizar completamente la construcción, algo que pocos países hicieron con tanta severidad. Durante meses, las obras quedaron detenidas, los proyectos se congelaron y miles de trabajadores quedaron sin empleo. Para una industria que ya venía debilitada, esto no fue un tropiezo, sino un colapso.
Menos política, más planificación
El sector se encuentra atrapado en un entorno de incertidumbre. Un ejemplo claro de ello es el vencimiento de la ley de interés preferencial, que ha sido un incentivo clave para la compra de viviendas en el país o como señala el presidente de Capac, “la ley que permitió hacer de Panamá un país de dueños de vivienda”.
Esta ley que nació como una iniciativa de Capac a mediados de los 80, incentivaba la compra de una propiedad a través de tasas de interés subsidiadas facilitando así el acceso a créditos hipotecarios en condiciones más favorables. El impacto fue inmediato: miles de panameños lograron adquirir su primera vivienda, dejando atrás la dependencia del alquiler y estableciendo una base de estabilidad económica para sus familias.
“El panameño es propietario gracias a esta ley”, explica Alejandro Ferrer, destacando su importancia en la expansión del mercado inmobiliario y en la consolidación de una clase media con acceso a vivienda propia. A lo largo de los años, la ley ha sido clave para el dinamismo del sector de la construcción y el desarrollo urbano del país. Sin embargo, con su vigencia próxima a vencer y sin claridad sobre su extensión o modificación, el sector se encuentra en una encrucijada. “No podemos permitir que una política que ha sido fundamental para el desarrollo del país simplemente desaparezca por falta de planificación. Hay 75 proyectos detenidos porque nadie sabe qué pasará con la ley. Eso significa 5,400 empleos directos en riesgo, y en construcción cada empleo directo genera dos indirectos. Estamos hablando de un impacto económico enorme”, advierte Ferrer, mientras resalta la necesidad de brindar estabilidad y continuidad a una norma que ha definido el acceso a la vivienda en Panamá por casi cuatro décadas.
Hoy Panamá tiene múltiples urgencias. Una definición del problema de la Caja de Seguro Social, qué pasará con la minería o cómo volver a retomar la senda del crecimiento. Y para un sector que no sólo representa el 15% de la economía, sino que mueve otras industrias alrededor de ella, tener una visión de largo plazo es fundamental.
Ferrer reconoce los esfuerzos que el gobierno del presidente Mulino y sus ministros, especialmente Felipe Chapman. “Este es un gobierno de sacrificio, y el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que fiscalmente tiene que ser responsable y no comprometer dinero que luego no puede pagar”, sin embargo extender la Ley de Interés Preferencial se ve como una necesidad urgente para poder asegurar la dinamización de la economía.
Porque como señala el presidente de Capac, “no podemos ni tenemos herramientas para generar soluciones de corto plazo para el sector. Necesitamos políticas de Estado, no políticas de gobierno. La infraestructura y la vivienda no pueden depender de la visión de cada administración, tienen que ser prioridades nacionales con continuidad”, señala Ferrer.
La construcción ha sido históricamente un motor de la economía panameña, pero sin un marco de estabilidad y previsibilidad, el sector seguirá atrapado en ciclos de crecimiento y crisis. “La pregunta no es si podemos construir más, es si podemos hacerlo con visión de futuro. Panamá no puede seguir dependiendo de decisiones de último minuto”, concluye Ferrer.
Más allá del problema: el llamado al consenso
Desde su fundación en 1961, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha sido un actor clave en el desarrollo del país, marcando el rumbo de la industria con iniciativas que han transformado la infraestructura y el acceso a la vivienda en Panamá. Más que un gremio, Capac se ha consolidado como un puente entre el sector privado y el gobierno, promoviendo políticas que fomentan la inversión, impulsan la modernización del sector y garantizan condiciones laborales justas para los trabajadores de la construcción.
El impacto Capac no solo se mide en números o metros cuadrados construidos, sino en su capacidad de adaptación a los cambios económicos, sociales y tecnológicos que han transformado la industria a lo largo de seis décadas. Durante crisis económicas, fluctuaciones en la inversión y retos estructurales, la organización ha sido un pilar de estabilidad y un defensor del crecimiento sostenible. “Capac ha estado presente en cada momento clave del desarrollo del país. No se trata solo de construir edificios y carreteras, sino de crear las condiciones para que Panamá siga avanzando. En estos 60 años, hemos sido testigos y protagonistas de la evolución del sector”, afirmó Ferrer.
Rodeado de los retratos de todos los presidentes de CAPAC, Ferrer recordó que la institución ha estado presente en cada momento clave del desarrollo del país, creando las condiciones para que Panamá siga avanzando, siendo un puente entre el sector privado y el gobierno para impulsar políticas que fortalecen la industria, generan empleo y garantizan estabilidad en el mercado.
Por eso, y como parte de ese ADN que lleva la organización, no se limita a señalar la crisis que enfrenta la industria de la construcción en Panamá; su enfoque está en la acción, liderando iniciativas concretas para recuperar la confianza en el sector y establecer un diálogo efectivo entre empresarios, trabajadores y el gobierno.
Y aunque tiene claridad que las soluciones no vendrán en el corto plazo, existen iniciativas que le darán al sector mayor estabilidad en el mediano y largo plazo. Además de la Ley de Interés Preferencial, el ingeniero cree necesario revisar hoy otra iniciativa que nació de Capac: la Ley de Contrataciones Públicas un pilar fundamental en la regulación de los procesos de licitación y adjudicación de obras del Estado, asegurando transparencia, equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, a lo largo de los años, ha sido objeto de modificaciones y debates, especialmente en lo que respecta a la participación de empresas locales en proyectos de gran escala. Una de las principales preocupaciones del sector construcción es que, en su forma actual, la ley favorece en muchos casos a grandes consorcios internacionales, dejando a las empresas panameñas con poca capacidad de competir en igualdad de condiciones.
“Cuando una empresa extranjera obtiene un contrato de miles de millones, lo primero que hace es asegurar su margen y repartir lo que queda. Al final, el dinero no se queda en Panamá, sino que se repatria a sus países de origen”, advierte Ferrer. Su propuesta busca cambiar esta dinámica y asegurar que las empresas panameñas tengan acceso real a la ejecución de grandes obras, ya sea mediante la fragmentación de proyectos en licitaciones más accesibles o estableciendo mecanismos que permitan la participación equitativa en los consorcios internacionales.
Otro eje central de su gestión es la reactivación de proyectos con financiamiento asegurado. Panamá ha sido testigo de numerosas obras que, tras su adjudicación, quedan paralizadas por falta de liquidez o problemas administrativos. “Hace dos administraciones atrás se adjudicaron proyectos sin tener el dinero listo. El cuarto puente sobre el Canal es el mejor ejemplo: se licitó, se firmó el contrato y luego nos dimos cuenta de que no había fondos para iniciarlo”, explica.
Para evitar que esta situación se repita, Ferrer insiste en que las licitaciones deben garantizar una fuente de financiamiento realista y sostenible desde el inicio, evitando así que las obras queden en el limbo o que los contratistas enfrenten retrasos en sus pagos. “Un proyecto que debería durar tres años termina alargándose a ocho, y en ese tiempo los costos suben, los reclamos aumentan y el Estado gasta más de lo necesario”, señala.
Pero más allá de resolver problemas inmediatos, Ferrer tiene claro que la solución de fondo pasa por una Planificación Nacional de Infraestructura. Hoy, Panamá no cuenta con una estrategia de largo plazo que establezca qué tipo de desarrollo se necesita, dónde y en qué tiempos. La inversión pública en construcción sigue respondiendo a ciclos políticos, lo que impide un crecimiento ordenado y sostenible. “Necesitamos políticas de Estado, no de gobierno. No podemos seguir con improvisaciones cada cinco años. La infraestructura del país debe responder a una visión de desarrollo que trascienda las administraciones y que garantice estabilidad para la inversión privada”, afirma.
Ferrer entiende que el progreso no se construye desde la confrontación, sino a través del diálogo. Su llamado es claro: “No podemos permitir que la construcción siga en pausa por falta de acuerdos. Necesitamos sentarnos a la mesa, discutir soluciones reales y comprometernos con un proyecto país”.
Fotos por Pich Urdaneta
