La transición energética
La discusión no ocurrió en un laboratorio ni en un informe técnico, sino en un foro regional sobre energías renovables impulsado por CAF, donde reguladores, empresas, expertos y organismos multilaterales pusieron sobre la mesa una constatación incómoda: América Latina tiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, pero eso ya no garantiza sistemas energéticos confiables ni competitivos.
Los datos son elocuentes. En 2023, cerca del 69 % de la generación eléctrica de la región provino de fuentes renovables, y las proyecciones apuntan a que esa cifra podría alcanzar el 78 % hacia 2050. Ninguna otra región del mundo exhibe un perfil similar. Sin embargo, el consenso del foro fue claro: la transición energética está entrando en una fase donde el desafío principal ya no es ambiental, sino estructural.
La rápida incorporación de energías solares y eólicas ha puesto presión sobre redes diseñadas para otra realidad. La transmisión emerge como el principal cuello de botella; la falta de flexibilidad y almacenamiento comienza a generar restricciones operativas y la planificación tardía amenaza con trasladar costos e ineficiencias al usuario final. La transición, coincidieron los panelistas, no fracasa por falta de renovables, sino por infraestructura, regulación y ejecución.
El debate también dejó en evidencia una paradoja: mientras la región avanza en generación limpia, sigue rezagada en digitalización. Solo el 4 % de los hogares y empresas cuenta con medición inteligente, lo que limita la capacidad de gestionar la demanda, reducir pérdidas y optimizar el consumo. Experiencias recientes muestran que una gestión avanzada de la demanda puede generar reducciones de hasta 20 % en el consumo energético, un impacto equivalente a incorporar nueva generación renovable, pero con menores costos y plazos.
Este diagnóstico regional ofrece un marco útil para mirar el caso panameño. Panamá no es una excepción, pero tampoco está al margen. Con una base hidroeléctrica sólida, un crecimiento acelerado de renovables y una economía que avanza hacia la digitalización y la electromovilidad, el país enfrenta el mismo dilema discutido en el foro: la transición energética ya no se mide solo por sostenibilidad, sino por la capacidad del sistema para sostener el desarrollo económico.
La economía que viene no tolera interrupciones. Un centro de datos no puede operar con variaciones de tensión. Una flota de transporte eléctrico no se gestiona sólo con cargadores. La inteligencia artificial, la digitalización de servicios y la electrificación del transporte están elevando el estándar de exigencia sobre el sistema eléctrico: continuidad, calidad, redundancia y capacidad de respuesta. En ese contexto, la pregunta central deja de ser cuánta energía limpia se genera y pasa a ser qué tan robusto es el sistema que la integra y la sostiene.
Del consenso ambiental al sistema bajo presión
Durante años, el éxito de la transición energética se midió en megavatios instalados. Más parques solares, más aerogeneradores, más capacidad renovable conectada a la red. El indicador era claro, comunicable y políticamente eficaz. Sin embargo, ese enfoque deja fuera el componente más complejo del sistema eléctrico: la integración operativa.
Las energías solar y eólica son variables por definición. Su crecimiento exige redes capaces de gestionar fluctuaciones, absorber picos, coordinar protecciones, controlar tensión y sostener estabilidad en tiempo real. Una transición mal integrada no elimina riesgos; los redistribuye hacia la red, la operación y, en última instancia, el usuario final. El desafío ya no está solo en generar, sino en operar con márgenes cada vez más estrechos.
Panamá ofrece un buen ejemplo de esta tensión. Al cierre de 2024, el país contaba con aproximadamente 695,5 MW de capacidad solar instalada y 336 MW eólicos. En términos de generación, la solar aportó cerca del 7,8 % y la eólica alrededor del 5,1 % del total anual, en un sistema donde la hidroelectricidad sigue siendo el pilar dominante. Estas cifras confirman un avance relevante en diversificación de la matriz, pero también anticipan un reto creciente de integración.
La confiabilidad del sistema eléctrico dejó de ser
un tema técnico y se convirtió en una condición clave para
la competitividad y el desarrollo económico.
“La revolución tecnológica y la electromovilidad no solo aumentan la demanda: cambian el perfil de carga y la exigencia de confiabilidad del sistema”, señala Juan Carlos Acosta, especialista en diseño de subestaciones de alta tensión. El punto es clave: la nueva demanda no solo crece: se comporta distinto. Los centros de datos requieren continuidad casi absoluta; la movilidad eléctrica introduce picos de carga concentrados en horarios y zonas específicas; la digitalización reduce la tolerancia a fallas.
A este cambio en la demanda se suma un factor estructural: la distancia entre los centros de generación y los principales polos de consumo. En Panamá, como en buena parte de la región, esa brecha convierte a la transmisión en un componente crítico del sistema. La experiencia regional demuestra que la falta de inversión oportuna en redes limita la eficiencia y la resiliencia, genera pérdidas técnicas y termina trasladando costos al consumidor final.
El sistema panameño no enfrenta una crisis energética, pero sí opera con menor margen de error. Cada nuevo megavatio renovable conectado eleva la exigencia sobre la red. Cada nueva carga intensiva reduce la tolerancia a interrupciones. La transición, en este punto, deja de ser una discusión sobre fuentes y se convierte en un ejercicio de ingeniería sistémica.
La falta de flexibilidad aparece como otro desafío silencioso. A medida que aumenta la participación de renovables variables, crece la necesidad de respaldo rápido, control de tensión, servicios complementarios y, cada vez más, almacenamiento. Sin estos elementos, el sistema se vuelve más frágil y menos predecible. El resultado puede ser paradójico: más capacidad limpia instalada, pero mayor dependencia térmica en horas críticas y restricciones que impiden aprovechar plenamente esa energía.
Cuando la transición se vuelve competitividad
El punto de inflexión ocurre cuando la transición energética empieza a incidir directamente en las decisiones de inversión. Un sistema eléctrico poco flexible no solo eleva costos operativos: condiciona el desarrollo económico. Proyectos intensivos en energía —desde centros de datos hasta industrias avanzadas— buscan entornos donde la continuidad esté garantizada y las reglas del juego sean previsibles. La incertidumbre operativa se traduce, inevitablemente, en incertidumbre financiera.
Aquí es donde la conversación energética se cruza con la competitividad país. La transmisión, la regulación y los estándares técnicos dejan de ser asuntos sectoriales para convertirse en variables macroeconómicas. La transición mal gestionada no encarece la electricidad, pero encarece el crecimiento.
“El valor de la infraestructura eléctrica ya no se define solo por la capacidad instalada, sino por su desempeño a lo largo del ciclo de vida”, explica Luis Madrid, gerente general de IGNEO Ingeniería Sostenible. Diseño, aseguramiento de calidad, pruebas, comisionamiento y mantenimiento predictivo se vuelven determinantes para reducir riesgos y costos a largo plazo. En sistemas más exigidos, la confiabilidad deja de ser un atributo técnico y pasa a ser un activo económico.
Las cifras de inversión refuerzan esta lectura. Para alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050, América Latina debería invertir del orden de 60 billones de dólares anuales en energías limpias, mientras que hoy la inversión no supera los 40 billones. La brecha no es solo financiera: es institucional. Sin marcos regulatorios estables y señales claras para remunerar la flexibilidad —almacenamiento, respuesta de demanda, respaldo rápido—, el capital se vuelve cauteloso.
La electromovilidad añade otra capa de complejidad. En Panamá, la legislación vigente establece metas concretas para la incorporación de flotas eléctricas, incluyendo 40 % de la flota administrativa pública hacia 2030, además de objetivos para transporte colectivo y selectivo. Estas metas, necesarias desde el punto de vista ambiental, implican retos inmediatos para la red de distribución: refuerzo de transformadores, planificación de nodos de carga y gestión de picos.
“Sin reglas claras y estándares técnicos consistentes es difícil movilizar inversión de largo plazo en infraestructura”, advierte Madrid. La afirmación resume un punto central: la transición energética requiere no solo voluntad política, sino certidumbre regulatoria.
“La sostenibilidad necesita redes confiables, flexibles
y planificadas para sostener crecimiento económico, digitalización y electromovilidad”.
En este escenario, el verdadero indicador de éxito deja de ser el número de megavatios instalados. Los indicadores relevantes pasan a ser otros: resiliencia de la red, capacidad de respuesta ante picos de demanda, integración eficiente de renovables, reducción de pérdidas y predictibilidad del entorno regulatorio. La transmisión y la operación emergen como protagonistas silenciosos de la transición.
Panamá no parte de cero. Tiene una base hidroeléctrica relevante, una diversificación renovable en marcha y planificación formal de expansión de la red. El desafío es estratégico: ejecutar a tiempo, coordinar actores y asumir que la transición energética ya no es solo una meta ambiental, sino una condición estructural para competir en la economía que viene.
La pregunta final, entonces, no cuestiona la sostenibilidad, sino su ejecución: ¿está Panamá convirtiendo la transición energética en una ventaja competitiva real o simplemente adaptándose a ella con lo justo?
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